El Ministerio de Trabajo quiere endurecer el control del registro horario, obligando a que cada empleado fiche con precisión cuándo entra, sale y pausa su jornada —sin registrar de golpe ni usar horarios genéricos— como si todos los puestos fueran idénticos a una cadena de montaje. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, el 2,5% de los asalariados en España hizo horas extra no pagadas en 2023. Un dato que me plantea una reflexión: ¿es razonable que por un problema que afecta a una minoría se imponga una normativa más rígida y burocrática a la totalidad de empresas y trabajadores?

El objetivo es justo: evitar abusos y asegurar que se paguen las horas extra. Pero el problema es que esta medida no distingue ni sectores, ni tipos de empleo, ni niveles de responsabilidad o salario. Y eso tiene consecuencias.

Por ejemplo, en roles cualificados como banca o actividades científico-técnicas —justo los sectores que aparecen en el informe— es habitual que los sueldos ya reflejen esa disponibilidad extra. ¿Vamos a exigir que una persona que gana 70.000€ fiche como si trabajara en una línea de producción? Muchos de estos profesionales trabajan por proyectos, con autonomía y objetivos claros, y pueden cambiar de empresa fácilmente si se sienten maltratados. Aquí, el mercado regula mejor que la burocracia.

Además, esta reforma ignora la realidad de la flexibilidad laboral. Cada vez es más habitual que alguien organice su jornada con varias pausas: llevar a los niños al cole, ir al gimnasio, comer con conocidos, empezar a trabajar en casa e ir más tarde a la oficina, volver a trabajar por la noche... ¿Qué pasa si alguien se olvida de fichar y luego quiere ajustarlo? ¿Está manipulando el registro? Y peor aún: ¿vamos a impedir que alguien trabaje más porque quiere aprender, crecer, destacar?

Pero la contradicción más profunda es que venimos años diciendo que hay que trabajar por objetivos, no por horas. Premiar productividad, no presencialismo. Esta reforma va justo en la dirección contraria: controlar el tiempo al segundo, sin importar los resultados. Como si todos los trabajos fueran iguales. Como si todos los empleados fueran intercambiables.

Por un 2,5%, ¿tiene sentido aplicar una norma que complica la vida al otro 97,5%? Desde mi punto de vista, esta ley debería eliminarse. Lo que hay que hacer es reforzar la inspección laboral, facilitar que los empleados denuncien abusos, y actuar donde de verdad está el problema. No sobrecargar a todas las empresas (95% pymes) con medidas que solo añaden burocracia, desconfianza y obstáculos a la flexibilidad y la productividad.